Factores de competitividad en la Unión Europea y sus consecuencias para la industria española

El diagnóstico sobre la competitividad europea que se realiza en el Informe Draghi revela un panorama muy poco alentador para la Unión Europea (UE). El lento crecimiento económico de la UE, especialmente desde el año 2000, vinculado a unos débiles resultados de productividad, ha provocado la ampliación de la brecha existente con Estados Unidos. Ese diferencial de productividad tiene en gran medida su origen en este siglo XXI, y obedece fundamentalmente a una menor capacidad relativa en los ámbitos tecnológico y digital, en los que se hace más evidente y persistente la distancia que separa a la economía europea de la estadounidense. 

Ante ese panorama, el Informe Draghi centra el foco de atención en tres principales desafíos. Primero, el gran déficit de innovación que presenta la UE respecto a Estados Unidos, lo que afecta directamente al futuro de la industria europea. Segundo, la intrincada cuestión de hacer compatible la transición verde y, en particular, la descarbonización, con el objetivo de fortalecer el músculo y la competitividad de la industria europea. Y, tercero, la necesidad de dotar a la UE de una mayor seguridad económica al tiempo de reducir las dependencias, entre otras, de materias primas críticas. 

Para hacer frente a estos desafíos, se vislumbran dos requisitos esenciales: el refuerzo de la inversión pública y privada, y una mejora de la gobernanza europea en la que esté incluida la política de competencia, elemento esencial contemplado en el Informe Draghi para hacer más fuerte las capacidades industriales de Europa en el contexto internacional. 

La necesidad de esa gobernanza común europea es también un aspecto clave que se atiende en el Informe Letta, informe que la destaca como un elemento imprescindible para adaptar el conjunto de propuestas para la culminación del mercado único, adaptándolo a las nuevas necesidades que han surgido en las tres décadas transcurridas desde su creación. 

Este estudio sobre los factores de competitividad en la UE y sus consecuencias tiene como objetivo básico el análisis de las posibilidades de fortalecimiento de la industria española ante algunos de los grandes retos que se definen a escala europea y que aluden a la doble transición, verde y digital. En el contexto actual, al inicio de una nueva legislatura en la Unión Europea (UE), el análisis se realiza a la luz de los dos recientes informes anteriormente mencionados: el informe Draghi sobre competitividad, y el Informe Letta, sobre mercado interior.

El diagnóstico de Draghi y el ejercicio participativo realizado con personas expertas que se recoge en este informe, llevan a destacar que, ante el déficit de competitividad estructural europeo, la falta de liderazgo estratégico tanto en Europa como en España es un problema persistente que dificulta la capacidad de llevar a cabo una mejora sustancial de la posición competitiva basada en la innovación; de corregirse, se evitaría una mayor pérdida de soberanía tecnológica.

Finalmente, entre los resultados del trabajo realizado, enriquecidos por la información recabada a través del método participativo de los grupos focales integrados por expertos procedentes del ámbito institucional, académico y empresarial español, se presentan a continuación 10 puntos que contienen recomendaciones susceptibles de ser incorporadas al proceso de toma de decisiones para fortalecer la industria española en el contexto de la nueva política industrial europea. 

Estas recomendaciones se articulan en torno a los ejes principales de competitividad conteniendo las funciones habilitadoras de financiación y mejora de la gobernanza de manera transversal.

1. Asumiendo la relevancia que tiene la necesaria reforma de la estrategia industrial, es importante realizar un mapeo actualizado de capacidades industriales locales para liderar proyectos europeos estratégicos y fortalecer así el ecosistema industrial-innovador español a través de los sectores tractores y la extensión de los PERTE.

    

2. Se hace necesario proteger y reforzar el Programa Marco europeo de I+D+I, fomentar proyectos colaborativos y hacerlo extensivo al tiempo que compatible con el apoyo especial a las tecnologías duales. 

    

3. Ante las cuantiosas inversiones necesarias para la modernización industrial, sería conveniente rediseñar e implementar un plan nacional de inversión público-privada en colaboración con el sector financiero para canalizar el ahorro hacia la innovación a través de un fondo nacional de capital riesgo con participación estatal, de los fondos de pensiones y las grandes corporaciones. Estos vehículos de coinversión con garantías estatales podrían destinarse a las tecnologías deeptech; a título de ejemplo, puede sugerirse comenzarlo con un proyecto piloto o espacio de pruebas controlado en el sector de la industria de la salud en sentido amplio (sector farmacéutico, equipos y tecnologías médicas, biotecnología, etc). 

    

4. Se necesita impulsar una revisión del sistema fiscal aplicable a la I+D, a la innovación industrial, que permita actualizar las deducciones en el impuesto de sociedades y otros tributos, así como crear incentivos específicos para las PYMEs tecnológicas.

    

5. España puede tener un papel determinante a la hora de activar en la UE la cooperación reforzada en áreas prioritarias como la fiscalidad, la defensa o la política industrial, en coordinación con socios afines. España puede impulsar una propuesta de una nueva emisión de deuda conjunta europea, con foco en la transición ecológica y la defensa del sector industrial.

    

6. A nivel nacional se plantea la conveniencia de crear un Consejo Nacional de Innovación con competencias interministeriales y descentralizadas, junto a la consolidación de un sistema que defina misiones estratégicas con participación empresarial.

    

7. La velocidad a la que avanzan los cambios en las tecnologías disruptivas hace necesario adoptar estrategias sobre la capacitación y el talento. Se sugiere desarrollar un Plan nacional del talento, con participación de universidades, Comunidades Autónomas y sectores industriales, para disponer de capacidad suficiente para anticipar las necesidades formativas a medio y largo plazo. 

    

8. También es plausible impulsar alianzas universidad-empresa en la industria, como centros de competencia, mediante convocatorias específicas de financiación y marcos jurídicos flexibles.

    

9. Es imprescindible avanzar hacia una Unión Europea de la Energía plenamente funcional, con interconexiones transfronterizas y regulación armonizada. Con carácter transversal a varios ejes de competitividad, cabría consolidar consorcios industriales orientados a sectores verdes estratégicos, con gobernanza compartida y financiación a largo plazo. Adicionalmente, hay que apostar por la inversión nacional, tanto en infraestructuras energéticas como en tecnologías, para dejar de ser usuarios y alcanzar un mayor nivel de soberanía tecnológica.

    

10. Una transición verde coherente con la competitividad industrial requiere profundizar en la aplicación de criterios de condicionalidad energética en la selección de proyectos subvencionados, que prioricen el retorno local y la eficiencia en el uso de recursos. Además, sería necesario diseñar posibles campañas de pedagogía climática dirigidas a ciudadanos, empresas y actores públicos, que enfaticen los beneficios socioeconómicos de la transición verde en la que está integrada la industria española.