PERTE Agroalimentario

El sector agroalimentario tiene un valor estratégico para la economía española, no solo por su aportación al PIB y su proyección internacional sino también desde un punto de vista social y medioambiental, ya que provee a la población de bienes esenciales para su subsistencia, como quedó patente en los momentos más difíciles de la pandemia de COVID-19.

Este PERTE, aprobado en febrero de 2022,  se concibe como un conjunto de medidas para reforzar el desarrollo de la cadena agroalimentaria y dotarla de las herramientas necesarias para afrontar los retos medioambientales, digitales, sociales y económicos de la próxima década. Por este motivo cuenta con programas gestionados por distintos ministerios desde Agricultura hasta Ciencia e Innovación. Además, dada la importancia del sector agroalimentario en el medio rural, se tiene en cuenta la contribución al reto demográfico como objetivo transversal del proyecto.

Para conseguir estos objetivos, se presupuestó con una inversión pública inicial de 1.000 millones de euros hasta 2023, aunque posteriormente se anunciaron otros 800 millones de euros adicionales para la transformación de la industria agroalimentaria y la mejora de la gestión del agua y la modernización de los regadíos.

Por su capacidad de arrastre en distintos ámbitos, se prevé que este PERTE genere un impacto en la economía de unos 3.000 millones de euros. En este sentido se espera que favorezca la creación de nuevos modelos de negocio, oportunidades laborales y ahorro en el tejido productivo, las economías domésticas y los presupuestos públicos.

El proyecto estratégico agroalimentario se centra en tres ejes de actuación prioritarios:

1. Paquete de apoyo específico para la industria agroalimentaria, con el objetivo de mejorar sus procesos de producción, vinculados con su competitividad, sostenibilidad y trazabilidad de la producción de alimentos. Dotación: 400 millones de euros.

2. Medidas concretas para apoyar el proceso de adaptación digital y que se extienda a todos los agentes que forman parte de su cadena de valor (agricultores y ganaderos y sus cooperativas, pequeñas y medianas empresas de producción, transformación y comercialización). Dotación: 454,35 millones de euros.

3. Medidas específicas de apoyo a la innovación y la investigación para lograr un sector agroalimentario competitivo en todos los eslabones. Dotación: 148,56 millones de euros.